La implantación de grandes establecimientos comerciales repercute sobre la totalidad de los sistemas territoriales y sus consecuencias no siempre pueden ser reconducidas hacia situaciones de equilibrio. En nuestro país, la regulación depende de la concreción en la legislación autonómica, en cuyas manos se encuentra depositada la responsabilidad de la relación comercio-territorio. Al proteger dicha relación se opta por la salvaguarda del patrimonio territorial en los espacios de intensa ocupación.